El tráfico ilegal de la tortuga de río, conocida como peta, experimenta un alarmante incremento en la Amazonía boliviana, poniendo en riesgo a esta especie clasificada como vulnerable en el Libro Rojo de la Fauna Silvestre de Bolivia.

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La creciente demanda en países vecinos como Brasil, Perú y Chile, donde un solo ejemplar puede alcanzar los 50 dólares, impulsa una red de comercio ilícito que opera a través de rutas clandestinas, a menudo vinculadas al narcotráfico.

El pasado 9 de mayo, en un mercado de Cochabamba, Bolivia, se descubrió una caja que contenía al menos diez tortugas y sus huevos, con destino a La Paz y posteriormente a Chile.

La peta de río: Una especie amenazada y vital para el ecosistema

La tortuga de río (Podocnemis unifilis) es la segunda especie más grande de su género, destacándose por las manchas amarillas en su cabeza y su particular forma de introducirla en el caparazón, doblando el cuello lateralmente.

Esta especie, que se distribuye en las cuencas hidrográficas de la Amazonía y el Orinoco, que abarca a países como Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Guyana, Guayana sa, Surinam y Brasil, es un indicador biológico crucial para la salud de los ecosistemas acuáticos.

Asimismo, su rol como dispersora de semillas y su contribución a la biomasa la convierten en un elemento vital para el equilibrio ecológico de la región.

Nidos robados y rutas clandestinas: El negocio detrás del tráfico

El departamento amazónico de Pando es uno de los epicentros de este tráfico. Las playas de los ríos Tahuamanu, Orthon y Manuripi, lugares ideales de desove para las petas por las arenas cálidas, se han convertido en puntos críticos donde los traficantes esperan el ciclo de reproducción para saquear los nidos y cazar ejemplares adultos.

Cada nido puede contener entre 30 y 35 huevos, cuyo valor unitario en el mercado negro puede quintuplicar el precio de un huevo de gallina.

Estos productos ilícitos son transportados a ciudades grandes de Bolivia o cruzan las fronteras hacia Puerto Maldonado en Perú, o a las ciudades brasileñas de Brasiléia y Epitaciolandia, aprovechando la cercanía geográfica con Cobija, la capital de Pando.

Las rutas utilizadas para el contrabando de tortugas son las mismas que emplea el narcotráfico, aunque, según autoridades, son redes criminales diferentes las que operan cada delito.

Esfuerzos de conservación frente a una amenaza creciente

Ante esta situación, autoridades bolivianas están impulsando programas de conservación. El Programa de Monitoreo y Conservación de la Peta de Río es un ejemplo de estos esfuerzos, que busca recolectar los huevos y trasladarlos a playas artificiales para asegurar su supervivencia y posterior reintroducción en su hábitat natural.

Sin embargo, la facilidad de a las fronteras y la demanda persistente en los mercados ilegales dificultan la erradicación de esta actividad.

A pesar de los peligros que enfrentan los contrabandistas, como ataques de animales salvajes o el acecho de las autoridades, el lucrativo negocio los impulsa a saquear múltiples nidos simultáneamente.

Consecuencias legales y la necesidad de una acción integral

La legislación boliviana es clara en la prohibición de la captura y comercialización de especies silvestres. La Ley 1333 de Medio Ambiente establece penas de hasta tres años de privación de libertad, mientras que el Código Penal eleva la pena hasta seis años por la destrucción de bienes del Estado y la riqueza nacional.

Además, el Decreto Departamental 03/2022 de Pando prohíbe la caza y recolección de huevos de tortugas entre el 20 de julio y el 31 de diciembre.

A pesar de estas normativas, el tráfico persiste, evidenciando la necesidad de una acción más coordinada y efectiva entre las autoridades nacionales e internacionales para desmantelar estas redes criminales y proteger a la peta de río de su extinción.

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